ISAF

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

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¿Qué es el ISAF?

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un organismo público autónomo, encargado de revisar y fiscalizar los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, de fiscalizar los ingresos y egresos, así como el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, así como deuda pública contraída con los particulares de los poderes del Estado, de los organismos constitucional y legalmente autónomos, de los ayuntamientos de los municipios, incluidos todos los entes, organismos, entidades, dependencias, fideicomisos, fondos y cualesquier otra oficina de cualquier naturaleza que de cualquier modo dependa o forme parte de las entidades estatal o municipales, así como participaciones federales, en los términos de la legislación aplicable e igualmente los recursos públicos ejercidos por particulares, incluyéndose para dicho efecto las atribuciones necesarias para verificar que los ejercicios correspondientes se encuentren ajustados a los criterios, los planes y los programas especificados en los presupuestos respectivos, con el objeto de que el Congreso del Estado ejerza las funciones de control que le resultan inherentes conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado, con base en el trabajo que realice el Instituto.

Son sujetos de fiscalización aquellos entes públicos que reciban, administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos, quedando sujetos a la observancia y cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, en el ámbito de:

I.- El Poder Ejecutivo, las dependencias de la administración pública directa y las entidades paraestatales, las unidades de apoyo adscritas directamente al Ejecutivo del Estado y los organismos públicos constituidos por el propio Ejecutivo;
II.- El Poder Judicial y los órganos que lo conforman, cualquiera que fuere su organización;
III.- El Poder Legislativo, sus dependencias y cualquiera de sus órganos, cualquiera que fuere su organización;
IV.- Los órganos constitucional o legalmente autónomos;
V.- Las universidades e instituciones públicas de educación superior y organizaciones con registro oficial que reciban recursos públicos;
VI.- Los ayuntamientos y cualquier autoridad, dependencia o entidad de la administración pública municipal;
VII.- Cualquier persona física o moral que reciba, administre o ejerza total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos; y
VIII.- Los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados, cuando hayan recibido y ejercido por cualesquier título recursos públicos, aun cuando pertenezcan a los sectores privado o social.

 
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